viernes, 6 de enero de 2012

Cinco pibes rosarinos

Por Carlos Del Frade


(APe).- Alguna vez Rosario fue definida como la capital del peronismo.


Sin embargo, ningún representante del partido del General ha gobernado la ciudad desde la recuperación de la democracia de 1983. Dos gobiernos radicales y el socialismo desde 1989.

El territorio, ahora, es definido como una ciudad turística.

Para muchos es un logro.

La imagen de la ex ciudad obrera, ferroviaria, portuaria e industrial, ha sido desplazada por el perfil de grandes torres recortándose sobre las aguas marrones del Paraná.

Una postal que se ha impuesto, tanto dentro como afuera. 

Sin embargo, las últimas cuatro horas de 2011 y las primeras cuarenta y ocho horas de 2012, nada menos que el año donde se van a celebrar los doscientos años de la creación de la bandera en estas barrancas del entonces villorio, fueron escenario de otro tipo de hechos, nada recomendables para la foto y el video de exportación.

Cinco asesinatos en poco más de dos días. Y en forma paralela, ciertas voces oficiales salieron a decir que era halagüeño el menor número de afectados por mal uso de la pirotecnia. Contradicciones de una realidad social contradictoria.

Islas de fantasía, por un lado; islas de pesadillas, por otro. El archipiélago rosarino.

Los diarios locales marcaron la señal de una violencia que, como suele suceder con el sistema capitalista argentino de los últimos cuarenta años, elige como blanco a los más pibes, a los más chicos.

Alejandro Darmiño tenía quince años y vivía en el barrio La Tablada. Lo acribillaron desde una moto en los primeros minutos del año bicentenario de la bandera que Belgrano inventó con la idea que sirviera para darles una esperanza a los que nada tenían.

Ramón Humeres, por su parte, contaba con 24 años y fue asesinado a las 20 del último día de 2011. Vivía en el norte de la ciudad turística, en Empalme Graneros, un barrio que no suele estar en las postales.

Y, por otro lado, Jeremías Jonatahn Trasante, de 17 años; Claudio Damián Suárez, de 19 años; y Adrián Leonel Rodríguez, de 21 años; fueron “masacrados a balazos” en “venganza por un atentado previo” -de acuerdo a los titulares del diario “La Capital”, el principal medio de la región-, también en la zona sur de Rosario, en lo que se conoce como Villa Moreno, alrededor de las 3.30 del primer día de 2012.

Cinco pibes muertos, todos menores de veinticinco años, en la ex ciudad obrera, ahora devenida en paisaje de exportación para el consumo de propios y ajenos.

Para los militantes del Frente Darío Santillán, no se trató de “ningún ajuste de cuentas, asesinaron a tres pibes inocentes”.

-Hacía poquitos días junto al Jere, el Mono y el Patón (al igual que junto a tantos otros compañeros y compañeras que participamos en el Movimiento) celebrábamos el fin de un año en el cual habíamos realizado algunos de nuestros sueños: construimos nuestro local y refaccionamos una canchita del barrio (ambos a 40 metros de donde los pibes fueron ultimados); después de mucho laburo, juntando moneda por moneda, pudimos viajar con todos nuestros pibes al Campamento Nacional de Jóvenes de nuestra organización; y pensábamos arrancar en febrero con los ensayos de la banda de cumbia que tanto entusiasmaba al Patón.  “Nos cagamos de risa y sirve para sacar a los pibes de la esquina,” decía El Patón, un pibe incansable a la hora de meterle el cuerpo a los sueños.  

Eso eran los pibes: pura voluntad de salir adelante, de cuerpearle al estigma de “vivir en un barrio”; y alegría, sobre todo alegría… Todavía resuenan algunas carcajadas del Jere, aunque nos quieran vender que nuestros pibes eran poco más que delincuentes - dice el profundo y emocionado documento que escribieron sus amigos del Movimiento 26 de Junio - Frente Darío Santillán de Rosario.

Luces y sombras de una ciudad que todavía no se acomoda a las necesidades existenciales de sus habitantes que más urgencias tienen: sus pibes.

miércoles, 4 de enero de 2012

¿Una ciudad para los vecinos o para la especulación inmobiliaria?


Por Alberto Cortés
El Concejo Municipal aprobó en su última sesión del 2011, con la mitad del cuerpo recién asumido, varios expedientes de importancia y complejidad, algunos de los cuales venían de años de debates.
En particular, uno de los referidos a Nuevo Alberdi implica una definición importante en el destino de tierras que han sido motivo de polémica en los últimos años.
Se trata de áreas hasta hace poco inundables en su mayoría, parte de las cuales están ocupadas desde hace años por familias de escasos recursos.
Esta es una postal habitual en Rosario y muchas ciudades latinoamericanas: Pobladores expulsados de sus tierras por cambios productivos que requieren escasa mano de obra (ej: la sojización), o familias de pobres urbanos que carecen de tierra, y por ende de vivienda debido a que el Estado -y menos aún el mercado- no han sido capaces  de dar mínimas respuestas al mero crecimiento vegetativo de la población. Estas familias ocupan en forma irregular las tierras urbanas menos apetecibles por el momento: Terrenos inundables, carentes de servicios básicos; o, en otros países y regiones de geografía menos plana que la nuestra: las laderas desmoronables de los cerros periurbanos.
Cuando esas áreas comienzan a ser de interés del mercado inmobiliario, aparecen los juicios de desalojo, o bien los ofrecimientos de unos pocos pesos para que se vayan rápida y silenciosamente a construir ranchos en otro lado; cuando no los aprietes.
Nuevo Alberdi sufrió en marzo de 2007 una inundación catastrófica que, por la evacuación forzosa de muchos pobladores y sus reclamos de resarcimiento por lo perdido, generó visibilidad de los problemas de la zona y aceleró las demoradas obras de saneamiento que prevendrían nuevas inundaciones.
Así, el Estado ha invertido ya decenas de millones y prevée sumas aún superiores cambiando drásticamente la inundabilidad, y  el valor de dichas tierras. Huelga decir que dichos fondos vienen de los bolsillos de toda la población y -en un sistema impositivo regresivo como el que tenemos- especialmente de los sectores medios y bajos.
Desde hace unos años el Movimiento GIROS ha venido acompañando los esfuerzos de estos pobladores humildes de un sector de Nuevo Alberdi a través de gestiones, propuestas, asambleas y movilizaciones. Por dar un ejemplo, hace pocos días asistimos a la graduación del primer nivel de un bachillerato popular producto de esta acción en el mismo territorio: Veintipico de adultos completaron su primer año de un proceso que los llevará a terminar la secundaria con docentes ad honorem, pero con reconocimiento oficial, aunque no de la provincia de Santa Fe, que prefirió ignorarlos.
Como parte de ese accionar, ante las primeras versiones que indicaban que desarrolladores urbanos planeaban loteos para sectores de ingresos elevados en la zona, acudieron a la Municipalidad que, hasta en boca del mismo intendente, negaba que se estuviera pergeñando ningún plan para la zona, dado su carácter de inundable y no urbanizable. Cuando en el proyecto oficial de Plan Urbano 2007-2017 apareció el área como destinada a “Áreas para los nuevos desarrollos urbanos condicionados” (cambiando sustancialmente la ordenanza vigente que las considera no urbanizable-reserva rural), se les respondió que “era un error de coloreo del mapa”.
Cabe destacar que estamos hablando de una zona de elevada concentración de la propiedad de la tierra. Según un informe de Catastro Municipal para toda el área, 16 propietarios sobre un total de 222 (el 7 % del total) poseen el 44 % de la tierra. En un informe de 2008 sobre otro sector de Nvo. Alberdi, tres propietarios: una empresa y dos particulares más, según muchas evidencias vinculados con la misma, poseen el 54 % de la tierra que no corresponde a organismos públicos o sociales.
También hay que señalar que en la página web de esa empresa figura, con fecha 2002/3 un plan detallado de urbanización para la zona, en gran medida coincidente con lo que se acaba de aprobar.
Entre otras iniciativas, GIROS presentó al Concejo, en setiembre, un pedido para formar una Comisión Investigadora para revisar esos indicios. Entre la abundante documentación presentada, un mail de un promotor de esa empresa reconoce como impulsor de estos proyectos al mismo contador que desarrolló años atrás barrios  privados aprovechando el cese de la inundabilidad de otros tramos del Arroyo Ludueña al construir el Estado la presa retardadora y otras obras. También se lo identifica como “el que ideó” un proyecto similar aprobado por el Concejo en 2005 en otro sector (hoy en crisis, con su administrador desplazado tras haber emitido decenas de cheques sin fondos), y...oh sorpresa, como asesor de la Municipalidad, dato luego confirmado por su decreto de nombramiento.
Podríamos asimilar una contratación así, con la posibilidad que el gobierno argentino tomara a Margaret Thatcher como asesora para Malvinas. Es asesorarse con quien obviamente representa otros intereses.
En el expediente hay constancias de operaciones sobre estas tierras A MENOS DE UN DÓLAR el m2 (unas 100 veces menos de su valor).
Con todos estos elementos y muchos más, el Concejo deja dormir el expediente, y en cambio aprueba de apuro el que abre las puertas a los negocios privados.
La Ordenanza aprobada el 22 de diciembre último establece que los urbanizadores deberán pagar el 10% del mayor valor resultante de la recalificación urbanística. Es decir que los privados se quedarán con el 90% del aumento del valor de la tierra resultante de las obras públicas de saneamiento que pagamos todos. Se nos ha contestado a este argumento diciendo que además tendrán que donar espacios para calles, equipamiento, etc. ... Pero esto es en esencia lo mismo que debe hacer cualquier urbanizador en virtud de la ordenanza de urbanizaciones, aunque no haya sido beneficiado por semejantes obras.
Es cierto que, además de los especuladores inmobiliarios, existen en la zona genuinos pequeños propietarios que tienen lotes  para uso propio desde hace décadas y cuyos intereses deberían ser preservados. El proyecto original del ejecutivo contenía cláusulas que prácticamente los obligaban a asociarse a los empresarios de la tierra y hasta último momento se trató de mantener algo de esto, llegándose a intentar cambiar el texto aprobado en comisiones.
Es llamativo que habiendo propuestas de audiencias públicas y concursos de ideas para definir el destino de las últimas tierras disponibles, se hayan descartado esas opciones para elegir un camino en el cual los funcionarios de la intendencia discutirán a solas,  las condiciones con los privados para luego enviar al Concejo los  convenios urbanísticos como paquetes cerrados.
¿Cómo pudo aprobarse algo así, máxime habiendo cambiado en apariencia, la cuasi mayoría que tenía el oficialismo hasta el 10 de diciembre?
La alianza del Frente ¿Progresista? con el PRO, que se evidenció también en el cambio de posición de este último en la derogación de los superpoderes a la intendenta para aumentar la tarifa de ómnibus, es la respuesta.
Esperemos que algún día Rosario sea gobernada en función de sus vecinos, en especial los más postergados, y no de los negocios de pocos.