Repasemos brevemente el mapa político de los lugares donde hubo saqueos o intentos en el país: Rosario (intendenta y gobernador del PS, más cercanos a Binner que a Giustiniani), San Fernando (intendente Luis Andreotti que llegó a la intendencia apoyado por Sergio Massa derrotando a Amieiro, intendente por 16 años consecutivos), Bariloche (fuerte interna entre el senador Pichetto y el gobernador, ex frepasista. Al momento de los saqueos, el intendente Goye, que los había predicho días antes, estaba en Buenos Aires reunido con Pichetto), Campana (intendenta Giroldi entró en la lista de Cristina K), Concepción del Uruguay (intento de saqueo) (Schepens, alineado con el gdor Uribarri, K), Zárate (intendente Cáffaro, afiliado al PS, integra un frente con radicales, GEN y ARI). Posteriormente intentos tardíos en Tucumán.
Como se ve, hay cierta heterogeneidad que hace difícil buscar detrás de los saqueos una mano negra común con contenido político. Pero de haberla, la menos creíble de las hipótesis es la lanzada por los impresentables Abal Medina y Sergio Berni contra Moyano y Micheli que, si buscaran desgastar al gobierno, seguramente lo harían en distritos de fuerte hegemonía K, y no lo contrario, como son la mayoría de los lugares donde hubo hechos. Más verosímil, en cambio, sería, que en algún caso, internas locales hayan sido una de las componentes del cóctel.
No deseo abrir juicio sobre las características de hechos tan frescos en otros lugares del país respecto de los cuales tengo poca información detallada.
En el caso de Rosario, la gran mayoría de quienes impulsaron los hechos parecen estar más vinculados a la actividad delictiva común (jóvenes ligados a los robos y asaltos que ocurren cotidianamente, pero también al narcotráfico) que aprovecharon la fecha, un desastre climático que castigó no sólo, pero especialmente a los más pobres, y sobre todo el deseo consumista que producen las vísperas de las “tradicionales fiestas”. A pesar de la desesperación de los pobres afectados por las lluvias, fue escasa (pero no nula) la adhesión de sectores marginales, pero no necesariamente ligados en forma permanente al delito. La problemática se centró en los distritos Oeste (el más afectado), Sudoeste, Sur y Noroeste. En el Norte (y otras zonas), los delincuentes aprovecharon la inicial falta de presencia policial para aumentar los asaltos individuales, pero sin actuar colectivamente.
La actitud de la policía fue bastante prescindente, al menos en el caso de los comercios (especialmente chinos) menores. En cambio no hubo ningún problema en las grandes cadenas. A pesar de versiones que indicaban órdenes de tirar, la realidad fue lo contrario, tal vez para no repetir la política (y sus resultados: 7 muertos) de Reuteman en 2001. En cambio si había habido represión, horas antes, contra vecinos que hacían cortes por los resultados de las lluvias (aunque ya por entonces mezclados con delincuentes).
La constante nacional fue que las fuerzas de seguridad afectadas a los hechos se concentraron en la defensa de los grandes comercios y desprotegieron a los pequeños, 500 de los cuales fueron devastados en el país. Esto fue incluso denunciado por CAME (www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-210494-2012-12-23.html). En Rosario, mientras la policía custodiaba La Gallega de Mendoza y Donado, saquearon totalmente a un chino a dos cuadras.
El nivel de organización hasta ahora comprobado, pasa por rumores corridos en los barrios, algunos vehículos marcando comercios. También vehículos pasando por las zonas más pobres (ej: Villa Banana) incitando a los jóvenes a sumarse. El efecto contagio, a través de los medios, es hasta ahora el único vínculo verosímil entre los saqueos de diferentes ciudades. Sí en cambio, se observan grados de coordinación entre saqueadores al interior de ciudades como Rosario, además del contagio.
En el barrio La Lagunita (Oeste de Rosario), militantes de la Cámpora estuvieron al frente de un piquete que fue inicialmente por la inundación y el corte de energía eléctrica, pero donde luego se organizó la participación (que en ese barrio fue importante), de muchas personas en saqueos de diversos comercios de los alrededores.
Culpar a la Cámpora o a los K de los saqueos por hechos como éste, sería tan ridículo como la obsesión K de hacerlo con Moyano, con “pruebas” tales como la detención de una persona “que figura como afiliado a la obra social de Camioneros.” (www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-210500-2012-12-23.html).
De todas formas, la responsabilidad última de estos hechos recae claramente en los gobiernos (nacional, provincial, municipal), tanto por acción como por omisión.
La conservación, a pesar de la declamación de políticas “progresistas y redistributivas”, de los enormes niveles de desigualdad social, y especialmente de los mecanismos que la generan es claramente responsabilidad del gobierno nacional, que ni siquiera ha intentado una tibia reforma tributaria en los casi 10 años que llevan gobernando. Ésta sería una de las medidas redistributivas fundamentales con posibilidad de ser ejecutadas dentro del capitalismo (ni siquiera le estamos pidiendo que piensen en medidas socialistas). La reducción de los enormes (y excepcionales) niveles de pobreza e indigencia del 2002 tienen que ver centralmente con el ciclo ascendente de la economía que en el capitalismo casi siempre sigue a una crisis. Justo es reconocer que el Kirchnerismo manejó esa circunstancia objetiva (que se extendió además a toda América Latina y se combinó con una muy favorable alta demanda de materias primas, especialmente de China) con una muñeca política superior a otros gobiernos anteriores, especialmente el de De La Rúa que se destacó en cambio por la torpeza en el piloteo de la etapa que le tocó.
Cristina Kirchner ha repetido hasta el hartazago que en el país hay sectores que ganaron dinero a paladas bajo su gobierno. Ni hablar además, del crecimiento de la minería extractivista, el saqueo del petróleo (con la complicidad K casi todo el tiempo y en casi todo, con las sola excepción de su renacionalización parcial, sólo cuando no tuvo más remedio), la sojización, ahora con la Ley Monsanto, etc.
Muy poco de esas paladas derramaron sobre los más pobres, que tuvieron que conformarse (y lo hicieron durante bastante tiempo, como demuestran los resultados electorales del kirchnerismo) con los efectos de la reactivación post crisis del 2001 y una redistribución dentro de los propios asalariados activos y pasivos, donde por ejemplo accedieron a la jubilación muchos que antes no lo podían hacer, pero no a expensas del capital (ni siquiera se restablecieron los aportes patronales que Cavallo quitó), sino de otros jubilados, condenados crecientemente a la jubilación mínima.
La inflación, y ahora el congelamiento de pisos y escalas de impuestos a las ganancias sobre el salario, son hoy los principales mecanismos que garantizan que la escuálida redistribución progresiva que se alcanzó en lo mejor del kirchnerismo ahora haya empezado a retroceder, sin que aún en los mejores momentos haya logrado sacar de la pobreza a sectores mucho más amplios de los que los K admiten (manipulación de cifras propias del INDEC y el Banco Mundial mediante).
No estamos diciendo que –como en 2001– la desesperación y el hambre hayan sido motores centrales directos de los saqueos que ahora obedecen a otras causas inmediatas. Pero sí afirmamos que la subsistencia de enormes niveles de desigualdad (que en el discurso oficial se muestran a la baja en una escala que poco tiene que ver con la realidad), y la existencia de 800.000 jóvenes de 14 a 24 años que no estudian ni trabajan, hijos de los desocupados que el neoliberalismo abierto de los 90 dejó, muy insuficientemente alcanzados por las políticas sociales henchidas de clientelismo y corrupción, son uno de los componentes centrales del caldo de cultivo que genera hechos como los del 20 y 21 de diciembre pasados.
Se agudiza un fenómeno social donde por un lado, se endiosa (crecientemente) al consumo (y al consumismo); y por otro se es incapaz de modificar la existencia de enormes grupos de adolescentes y jóvenes que tiene escasas posibilidades de acercarse a ese consumo por caminos no delictivos.
El avance de la droga y el narcotráfico es seguramente el otro componente fundamental. Correctamente, el diputado provincial del Mov. Evita, Eduardo Toniolli (no confundir con otro apellido parecido) declaró que “se ha podido identificar a gente ligada al narcotráfico instigando y agitando a la población en distintos barrios de Rosario”.
Es grave, y puede estar revelando un salto cualitativo en el desarrollo del narcotráfico, que por primera vez se hayan animado a acciones mucho más visibles, tal vez pasando a liderar en su “movilización” a ladrones y aún a vecinos comunes.
La droga y el narcotráfico figuraban ya al tope de los principales problemas sociales aún antes de este nuevo fenómeno.
Si bien en las encuestas, la preocupación mayor de los ciudadanos en la inseguridad se centra en el delito no ligado en apariencia a la droga, la desesperación de los adictos para proveerse, la violencia de quienes delinquen robando (aunque el alcohol y no las drogas prohibidas están estadísticamente más vinculadas a los hechos violentos), etc., vinculan al aumento del delito con la droga muchísimo más allá del narcotráfico en sí y los homicidios cometidos por los narcos.
La enorme responsabilidad del gobierno nacional es innegable en el desarrollo de esta problemática: Comenzando por la falta de promoción de un debate nacional serio y profundo sobre el paradigma de la droga (que remplace y supere al de “Guerra a las Drogas”, impulsado por Nixon en los '70, que ha dado por resultado un aumento de la drogadicción y el narcotráfico en todos los países donde se impuso), siguiendo por la falta de radarización de las fronteras, la escandalosa e increíble ineficiencia de la UIF (Unidad de Información Financiera), que sólo a servido para amenazar a los opositores al gobierno y no para combatir el lavado de dinero, que tiene un nivel de impunidad asombroso. No se registra que el tema droga y narcotráfico figuren en las preocupaciones del discurso presidencial, así como la inflación , fenómenos que seguramente son menos importantes para el país que la lucha contra Clarín (Diario al cual el 1/7/2007 los Kirchner dieron en exclusividad la primicia de la candidatura de Cristina).
En el caso de provincias como Santa Fe, con una policía altamente permeada por el narcotráfico, la responsabilidad de las autoridades provinciales, y en especial del ex gobernador Binner no es mucho menor.
Coherente con la tradición de su concepción socialdemócrata y del estilo personal y de partido que los lleva a tratar de hacer la menor cantidad posible de olas, en pos de una expectativa de lograr así una mayor gobernabilidad, desde su llegada a la Casa Gris procuró evitar enfrentamientos con los poderes preexistentes, tal como había hecho en la intendencia de Rosario. Así, cuando una funcionaria de su gobierno, Teresa Beren, detectó grandes evasiones del impuesto inmobiliario por parte de las cerealeras multinacionales que constituyen una de las principales actividades económicas de la provincia, bastó una solicitada de estos grupos, y, seguramente discretas gestiones palaciegas de los mismos, para que la susodicha funcionaria volara de su cargo y todo quedara en la nada .
Este criterio, aplicado a la Policía, produjo resultados aún peores que los heredados de las gestiones anteriores. Los nombramientos de altos Jefes policiales vienen siguiendo el extraño criterio de que si un oficial superior tiene sobre sí denuncias y sospechas reiteradas e importantes, e incluso si es investigado por enriquecimiento ilícito: en tanto y en cuanto no haya sido demostrado en sede judicial, es apto incluso para ser nombrado en las mayores jerarquías de la institución.
Compartimos el criterio de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero referido a la condena o no de una persona. No para seleccionar, dentro de una institución con más de 18.000 efectivos, a quienes la van a comandar.
Podemos recordar al respecto que cuando en 2010, Binner estaba a punto de designar al Jefe de Policía de Rosario, nos tocó recordar varias denuncias graves que le habíamos hecho al propuesto, que con la difusión pública terminó sin ser designado.
Con este ¿manejo? de la policía no es entonces de sorprender que se terminen produciendo escándalos como el del comisario Tognoli, quien fue desvinculado de su primera acusación (¡lo cual fue celebrado por el gobierno provincial como un triunfo propio!). Sin embargo, siguen lloviendo imputaciones contra el mismo y sus allegados en sede judicial, y mientras tanto la problemática del narcotráfico ha llegado a teñir la realidad social de los barrios rosarinos como nunca antes se había visto, con la más que evidente complicidad policial.
El uso oportunista que intentó hacer el kirchnerismo de este episodio (olvidando que por ejemplo en mayo nombraron al comisario Gustavo Serna como jefe de drogas peligrosas de la Policía Federal en Rosario, y en agosto lo tuvieron que echar cuando trascendió que en 2005 había estado preso por narcotráfico), no exime al gobierno provincial de sus propias responsabilidades.
La problemática de la droga y la desigualdad, fuentes últimas de los hechos de esta semana tienen que ver en primer lugar con responsabilidades nacionales, pero cada nivel del gobierno, incluido el municipal tienen la posibilidad de hacer bien o mal la parte que les toca.
La desatención de los barrios periféricos (en los cuales el PS avanzó electoralmente en algunos momentos, pero que no son su bastión principal, por lo cual se abandonan en momentos de estrechez presupuestaria) es evidente desde hace años.
Para paliar las deficiencias del presupuesto municipal las administraciones vienen impulsando acuerdos con inversores privados para obra pública a cambio de modificar ordenanzas permitiéndoles pingües negocios. Los negocios se hacen, pero la obra pública, en los casos de estar programada para barrios pobres, termina postergándose.
Si bien la lluvia del 19/12/2012 fue excepcional e inundó barrios de sectores medios que padecen por primera vez el flagelo, otros como Las Flores Sur padecen esto en cada lluvia importante desde hace años. Las fuertes y reiteradas denuncias que venimos haciendo en este caso, lograron finalmente que algunas obras se comenzaran, pero no se llegó a tiempo para evitar otra vez más la tragedia.
La ausencia de políticas sociales serias de alcance suficiente tanto por parte de Provincia como del Municipio se expresa no solamente en la inexistencia de lugares públicos de rehabilitación de adictos, sino, sobre todo, en la permanente lucha de los trabajadores precarizados del área (Promoción Social, IRAR, etc.), denunciando no solamente su situación laboral, sino la impotencia que tienen en su trabajo, cuando les resulta evidente que tanto Provincia como Municipio sostienen muchas de estas áreas “pour la gallerie”, es decir para aparentar que se preocupan por la problemática social, pero sin invertir los recursos necesarios para que haya políticas eficaces.
Que es posible, aún en este contexto latinoamericano y mundial, mediante políticas de participación social y de inclusión, detener el curso de degradación social que estamos describiendo, lo demuestra por ejemplo el caso de Nicaragua: el Dr. Thomas Bruneau, uno de los especialistas estadounidenses en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información que en septiembre pasado “capacitaron” a funcionarios del Ministerio de Defensa (no precisamente un amigo de Nicaragua ni de los procesos progresistas en Latinoamérica), en el marco de ese curso “reconoció que el único país de la región (Centroamericana) sin maras era Nicaragua y lo atribuyó al entramado social y organizativo que creó el sandinismo, que no dejó espacio para que penetrara el crimen organizado”. (www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-203487-2012-09-16.html) Las maras son las pandillas de delincuentes juveniles que constituyen uno de los principales problemas sociales y de seguridad en casi todos los países centroamericanos.
Rosario, 23/12/2012
Alberto Cortés : 0341 - 155479068
