El concejal Alberto Cortes (PSA- Proy Sur) salió a marcar su posición ante la implementación de los nuevos carriles exclusivos y la extensión de la zona de estacionamiento medido,manifestando su apoyo a la primer medida -carriles exclusivos- que "tiende a mejorar la velocidad, y en consecuencia la eficiencia general, del transporte público.
Ahora bien, con respecto al estacionamiento medido el edil del PSA fue muy duro con el Ejecutivo Municipal indicando que, " una vez más vemos que la mayor parte de las medidas que el Departamento Ejecutivo implementa con la excusa de desalentar la llegada de autos al centro son en realidad jugosos negocios para intereses privados·.
"Tanto esta medida como el bochornoso intento de imponer una playa de estacionamiento subterránea en la Plaza San Martín se hacen invocando el Plan Integral de Movilidad pero en lugar de imponer restricciones claras al ingreso de automóviles particulares, se limita a recaudar en favor de la empresa concesionaria del estacionamiento medido", precisó Cortés agregando que, "en el caso de las cocheras en Plaza San Martín, quedó claro, de boca de los propios privados que proponían la obra, que elegían ese lugar por ser el más rentable".
En ese sentido, el concejal del socialismo auténtico apuntó que, "´la Intendencia se acopló a la propuesta de los empresarios, a pesar de ser claramente absurdo que no se puede desalentar el ingreso de autos al centro ofreciéndoles 800 estacionamientos más precisamente en el centro.Mucho más lógico sería un estacionamiento de envergadura en la zona de Tribunales, donde se cortan dos grandes avenidas que permitirían construir las cocheras bajo esas avenidas (como por ejemplo en la 9 de julio en Bs.As), sin necesidad de afectar ninguna plaza, y propiciando que los automovilistas provenientes de zonas alejadas dejen allí sus vehículos y lleguen al centro en transporte público o a pie".
Al respecto, Cortés marcó que, "la desesperación por imponer, en cambio, la alternativa más favorable a los empresarios (que ya han logrado otros negocios muy importantes en Rosario) y no las más convenientes para toda la ciudad, llevó al oficialismo, en la penúltima sesión del Concejo a proponer un proyecto ilegal, porque violaba la misma ordenanza en la cual pretendía inspirarse (que establecía un plazo máximo de 20 años, diez menos del término de la concesión que se proponía), y ante la obviedad de la ilegalidad lo cambiaron en plena sesión por un intento de licitación a medida de una empresa".
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