Tierra, vivienda, ocupaciones

Por Alberto Cortés

Las ocupaciones en cadena de terrenos en V.G.Galvez y Rosario evidencian, una vez más, la ineficacia de las políticas de los últimos 40 años, en materia habitacional.
Más allá de vivos que ocupan para revender, punteros que las promuevan, etc., es evidente que ninguno tendría chances importantes de lograr ocupaciones si no subyaciera un déficit habitacional de 3 millones de unidades a nivel nacional. En Rosario, el anterior intendente estimó en 50 mil el déficit; la mitad del cual se refiere a asentamientos irregulares, y el resto por familias de sectores medios aspirantes a la vivienda propia que no pueden alcanzar; que hoy alquilan (con la inestabilidad de un mercado de alquileres y laboral como el argentino), o conviven con familiares contra su voluntad.
El hecho que el déficit no se reduzca a pesar de numerosos anuncios en décadas recientes de planes, entregas de viviendas, etc, es por demás elocuente.
En sus raíces están: 1) Aumento de la demanda; 2) Insuficiencias de las políticas gubernamentales hasta aquí practicadas.
El incremento de la demanda tiene que ver, en primer lugar, con el crecimiento vegetativo no atendido de la población. Ejemplo: Los dos asentamientos crecidos a los lados del barrio Las Flores Sur (España y Acceso a Autopista), formados mayoritariamente por hijos de quienes una vez recibieron viviendas sociales en Las Flores, pero que al crecer y formar sus propias familias no tienen oportunidad de acceso a viviendas dignas. Esto además acentúa las carencias del barrio madre (uno de los tantos que se inundan cada vez que llueve, por el pésimo mantenimiento municipal de la red de desagües).
También tiene que ver con un modelo productivo nacional que se modifica atendiendo a la ganancia del capital y no los intereses de las poblaciones. Así, la extensión de la frontera agropecuaria, especialmente la sojera, además de los daños ambientales, remplaza en los territorios que va conquistando producciones que requerían mucha mano de obra por otra que prescinde de ella. La desocupación y miseria engendradas empuja a las poblaciones a migrar a ciudades como Rosario, donde vivirán peor que los habitantes de la ciudad receptora pero mejor que en su tierra de origen.
Caso especialmente dramático es el de los pueblos originarios, alguna vez propietarios en comunidad de las tierras que ocupaban, las que les fueron quitadas en la llamada “Conquista del Chaco”, que siguió a otro genocidio: La Conquista del “Desierto”, y fue parte de un proceso no exento de masacres de cientos de ancianos, hombres, mujeres y niños aborígenes, como en Napalpí (1924). El arrebatamiento a los pueblos originarios de sus tierras y formas de sustento tenía un doble propósito: La apropiación privada de las mismas por los terratenientes, y al mismo tiempo convertirlos en mano de obra barata para la producción capitalista. Pero cuando después de La Forestal y del algodón llegó la mecanización de este último y luego la soja, ni siquiera la libertad de ser explotados por los terratenientes les quedó.
Es significativo que los extranjeros más vistos en los asentamientos irregulares de Rosario son paraguayos. Simultáneamente, junto a la ciudad está el polo oleaginoso más grande del mundo, cuya capacidad de molienda excede a menudo la producción nacional, y entonces importa la soja desde....¡el Paraguay!. La segunda comunidad de extranjeros en Argentina proviene de Bolivia, otro país invadido por la soja. Es decir, la expulsión de ex campesinos y ex trabajadores rurales que vienen a engrosar los cinturones de pobreza y el déficit habitacional tiene alcance latinoamericano.
Mientras tanto los planes oficiales casi siempre han apuntado a la provisión de viviendas “llave en mano”, lo cual conlleva un costo muy superior al de un lote para que el propietario levante allí su vivienda. Los costos de semejantes políticas son tan elevados, que aún en los momentos de mayores flujos presupuestarios, la producción de viviendas sociales ni siquiera alcanzó a cubrir el crecimiento vegetativo de la demanda. La calidad de esas viviendas frecuentemente deja mucho que desear, ya que las hacen grandes empresas constructoras interesadas en minimizar costos y maximizar ganancias, con gobiernos que controlan mal y poco; y para quienes lo más importante es la foto de la inauguración. Rarísima vez se da participación real al usuario en el proceso de diseño y edificación. Muchas de esas viviendas terminan siendo vendidas por sus adjudicatarios que no las sienten como realmente propias y a menudo afirman que “en la villa estaban mejor”. En su gran mayoría aún esperan la escritura.
Ante la realidad de la espera de años para el sorteo de una casa que casi nunca llega, años atrás muchos vecinos humildes compraban lotes en cuotas para luego ir construyendo con su esfuerzo propio, el de familiares y vecinos, la casa propia. Así se ha construido gran parte, probablemente la mayoría, de los barrios regulares humildes.
La especulación inmobiliaria, elevando el costo de la tierra, y la caída del salario real volvieron inaccesible hasta el lote para amplios sectores sociales, mientras se construyen edificaciones de lujo, a veces para tenerlas vacías.
¿Cuántos lotes con servicios podría el Estado haber vuelto accesible a quienes se han visto condenados a vivir en villas de emergencia si se hubieran orientado en esta dirección los cuantiosos fondos volcados en un número muy inferior de viviendas frecuentemente de dudosa calidad? Garantizándosele la propiedad del suelo en cuotas accesibles: ¿No habrían las mismas familias que construyeron muchas casas de material, sin seguridad jurídica sobre la tierra, edificado las mismas y probablemente muy superiores viviendas? Si además el Estado hubiera facilitado crédito para materiales, capacitación y asistencia técnica, ¿No tendríamos cumplido el art. 14 bis de la Constitución (acceso a una vivienda digna) para muchas más familias?¿Cuánto nos cuesta reordenar las familias en asentamientos irregulares, con soluciones pobres, cuando habría sido mucho más económico y promovedor de mejor calidad de vida, ordenar desde el Estado el asentamiento técnica y jurídicamente regular?¿Cuánto nos cuesta en términos de inseguridad la existencia de estrechos pasillos en los asentamientos irregulares (por falta de ese ordenamiento estatal) que convierte a esos sitios en caminos de fuga o escondites de cierta delincuencia (la otra, la de guante blanco se esconde en los recovecos de la economía), a disgusto de la mayoría de los habitantes de la villa, que viven honradamente, pero que son las primeras víctimas y rehenes de esta morfología urbana a la que están condenados por imposibilidad de acceso a un barrio regular?
Por eso, saludamos que poco antes de asumir, el actual gobernador de la provincia haya anunciado un importante plan de acceso a lotes con servicios que por primera vez parecía encarar con sensatez esta problemática. Preocupa que a seis meses de este anuncio sólo hayamos oído la reiteración del mismo, sin avances más concretos.
Un ejemplo de lo que se puede lograr con políticas de este tipo lo da el plan de viviendas de la Cooperativa Saladillo Sur: Creada en 1987 por pobladores de un asentamiento irregular del Sur de Rosario, pudo lograr el acceso a la tierra en el marco del Programa ARRAIGO. Se edificaron por autoconstrucción 54 viviendas de diseño definido participativamente. Su costo fue menos de un sexto de los de los planes oficiales de la misma época. Dieciocho años después de la entrega de las escrituras no
se registran casos de vecinos vendiendo por monedas su vivienda para volver a la villa. Aprovechamos para rendir homenaje a Luis Valentín Romero, su fallecido primer presidente, actor clave en ese proceso.
Sabemos que el lote no resuelve todos los problemas. Hay sectores medios con otra idiosincrasia, requirentes de respuestas diferentes y donde se hace necesario pensar en el acceso efectivo al crédito hipotecario. Esto requiere reformulaciones del sistema financiero que vayan más allá de una mera reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, mientras se deja intacta la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, aún en vigencia.
En definitiva, sin cambios de fondo en el modelo productivo, políticas agresivas de lotes con servicios y apoyo a la autoconstrucción, y legislación y política financiera diferentes, seguramente el futuro nos deparará más y peores Indoamericanos o Villas G. Gálvez.